El salario mínimo en México fue concebido como un instrumento que garantizara a los trabajadores y sus familias la satisfacción de sus necesidades elementales.
Sin embargo, la política económica instrumentada hace más de 20 años, ha provocado la caída permanente del salario real deteriorando de manera irreversible la calidad de vida de la población. El salario mínimo actual es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Hoy en día, de los 42 millones de trabajadores en edad de laborar, casi una cuarta parte ganaba de uno a dos salarios mínimos, más de 6 millones perciben salarios menores al mínimo, 16 millones de trabajadores viven con menos de tres mil pesos al mes.

Proponemos impulsar una política económica alternativa que tenga como centro la recuperación del poder de compra de la población para lograr justicia social y crecimiento económico. Con el aumento paulatino y permanente del salario real potenciaremos el mercado interno, del que depende la mayoría de las empresas del país convirtiendo el incremento salarial en factor decisivo para el crecimiento económico y la creación de empleos.

Esta política de recuperación salarial debe tomar en cuenta tres factores: la productividad por rama de industria y región, la inflación promedio9 entre la real obtenida el año anterior y la esperada, y un porcentaje como política pública. Con esto se garantizaría que el trabajador no pierda capacidad de compra, se enfrentarían los riesgos inflacionarios y se impulsaría la redistribución del ingreso para atacar las desigualdades sociales.

Con ello avanzaremos en el camino para hacer efectivo el derecho a un salario suficiente en términos de la definición Constitucional.

El crecimiento del trabajo informal es la demostración más clara del fracaso de una política que va en contra de la gente. Es claro que el énfasis en los resultados macroeconómicos ha olvidado a las personas de este país.

La informalidad genera inestabilidad en el trabajo, ausencia de prestaciones sociales para los trabajadores, como la seguridad social, el pago de salarios mínimos, o el cumplimiento de la jornada laboral legal.

Casi la mitad de la población en edad de trabajar, 20 millones de trabajadores, se encuentra en condiciones de precariedad laboral, provocando angustia y desesperación en las familias, migración o situaciones de ilegalidad.

Debemos transitar hacia el crecimiento del empleo formal, que genera mayores ingresos y posibilidades de desarrollo económico.

Buscaremos que los trabajadores del sector informal de la economía, los jornaleros agrícolas, los que trabajan en el comercio ambulante, los que están sujetos a condiciones ilegales, gocen de derechos universales como son: la seguridad social, un ingreso mínimo de subsistencia y el derecho a la capacitación profesio9nal que habilita a la gente para un empleo u oficio determinado.

Pugnamos por una reforma fiscal que facilite las condiciones para la ampliación del sector formal de la economía e impulsamos una revisión integral de los programas de apoyo al empleo y la capacitación.

Nuestro país tiene una de las tasas de sindicalización más bajas en el mundo, sólo el 13% de los trabajadores están organizados. Además, las organizaciones sindicales son la mayoría de las veces, impuestas o controladas por agentes externos a los trabajadores, incluyendo una intervención gubernamental que distorsiona la naturaleza de estas organizaciones gremiales.

Impulsaremos una Reforma Laboral Integral, vinculada a la Reforma del Estado, para garantizar el derecho de los trabajadores a organizarse de manera libre e independiente
Para ello, debemos asegurar el voto libre y secreto en todos los ámbitos de la vida laboral, en las elecciones sindicales, los recuentos y las decisiones internas de los organismos de los asalariados.

Demandaremos un Registro Público de contratos colectivos y registros sindicales para atacar de manera directa el contratismo de protección y la simulación.
Plantearemos al Poder Judicial Federal el respeto irrestricto a estos principios a partir de una acción transparente, que asegure que las tesis y jurisprudencias de la autoridad se ajusten a los principios protectores del derecho social.

En síntesis actuaremos como defensores auténticos de los derechos laborales.